viernes, 6 de abril de 2018

Supervisión y rendición de cuentas

Imagen de ElDiario.es

A colación de las declaraciones de Cifuentes de ayer me estoy formulando algunos interrogantes. Cifuentes afirma ser víctima de una campaña orquestada contra ella por haber combatido de manera decidida la corrupción en su partido. Así que me he puesto a buscar sus supuestas hazañas para batallar la corrupción y lo más que he encontrado se limita a su exigencia de cese a algunos diputados que se han visto envueltos en algunos de los muy numerosos casos que han cubierto de podredumbre al PP en España y en la Comunidad Madrid. Ni una sola vez, repito, ni una sola, Cifuentes ha denunciado a ningún compañero de motu propio. Y eso que casi la mitad de su grupo parlamentario ha estado implicado en algún escándalo. Sí lo ha hecho, denunciar públicamente, con la oposición, aunque con poco fundamento y de manera bastante gratuita. Pero hacia dentro se ha limitado a actuar cuando se ha hecho pública la implicación de algún miembro de su partido en algún caso. Y punto. 

Cifuentes ha sido, en pasado porque Cifuentes es ya pasado, durante muchos años una destacada dirigente institucional y orgánica del PP en Madrid. Resulta del todo imposible que nunca le llegara el más mínimo eco de la abundante corrupción que ha devastado nuestro país y la región de Madrid, y que se ha generado en un entorno tan próximo a la hoy presidenta. No hablo de concejales de pueblecitos, sino de máximos dirigentes del PP a nivel nacional y de la Comunidad de Madrid. Cifuentes se enteraba, claro, al menos de algunas de las múltiples fechorías que se produjeron, porque no es creíble que fuese tan torpe de conocerlas justo a la vez que el resto de ciudadanos.

Así que para Cifuentes luchar contra la corrupción no consiste en actuar cuando ella la detecta o cuando hay serios indicios de la misma,  sino cuando pasa a ser conocida por la opinión pública. Incluso bajo este generoso prisma, el que ella ha aplicado hasta la fecha, Cifuentes no puede sino dimitir, y hacerlo de manera inmediata. Porque ya ha quedado acreditado que, cuanto menos, tuvo un abusivo trato de favor de la Universidad Rey Juan Carlos durante el famoso máster. Y salvo milagro en pocos días se demostrará que no se trata de un mero abultamiento del currículum, sino de un fraude en toda regla. Vamos, de un delito. Y no, no es lo mismo exagerar tu expediente que falsificarlo, como no es lo mismo decir que has matado a alguien que matarlo efectivamente. Un cosa es mentir, que está muy mal, otra mucho peor es falsificar documentos públicos, que es delinquir.

Pero hoy, más allá de la indignación con la cara dura de Cristina Cifuentes, quería llevar la reflexión al ámbito de la labor de los partidos políticos en la depuración de responsabilidades y en la lucha real contra la corrupción. Porque: ¿es realmente posible que los partidos políticos sean los últimos en enterarse de lo que hacen sus dirigentes? La respuesta es, evidentemente, no. Puede ser que alguna vez no se detecte algún comportamiento inadecuado. Es factible que los implicados desarrollen sistemas de ocultamiento y disimulo que dificulten la labor de inspección o supervisión. La contumacia en negar las explicaciones requeridas puede ser infinita. En cualquier caso esto no exonera de responsabilidad al partido, pues existen hoy mecanismos para actuar de manera fulminante contra quienes se niegan en dar explicaciones de sus actos y rendir cuentas para facilitar que el compromiso contra la corrupción de las fuerzas políticas no sea un brindis al sol sino un ejercicio eficaz que traslade confianza a la ciudadanía. Solo hace falta actuar. Así de sencillo: quien no esté dispuesto a rendir cuentas, quien oculte o impida valorar si su comportamiento se ajusta a los parámetros éticos que nos hemos dado, tendrá que asumir que debe dejar de formar parte de nuestra organización.

Yo pertenezco a una formación política que ha hecho de la lucha contra la corrupción una seña de identidad. Hemos llegado a regular la rendición de cuentas de la siguiente manera: “Todos los cargos electos del PSOE, a todos los niveles, deberán rendir cuentas de modo obligatorio, sancionable y periódico (como mínimo anualmente) de su gestión a los ciudadanos, mediante la apertura de procesos públicos y participativos. La rendición de cuentas debe venir acompañada de la máxima transparencia, del respeto a un código ético estricto y de la verificación del cumplimiento de los compromisos electorales contraídos. También los cargos orgánicos deberán rendir cuentas de manera periódica de sus actuaciones, incluidos los miembros del Comité Federal ante quienes les han elegido en las federaciones.” En el próximo mes haré actos públicos en las sedes del PSOE abiertas a la ciudadanía para cumplir con este precepto. ¿Pero es esto suficiente, o solo es condición previa?

Creo que tenemos que ir más allá. Si no somos ejemplarizantes, ¿por qué van a confiar en nosotros/as nuestros ciudadanos/as? Combatir la corrupción no consiste en denunciarla en otros partidos, ni siquiera puede limitarse a actuar cuando se hace pública en nuestras filas, consiste en implementar un sistema de control previo, supervisión, fiscalización posterior y ejecución de las sanciones de manera acorde con la realidad descubierta o detectada. Luchar contra la corrupción no es lo mismo que decir luchar contra la corrupción que es lo que hacen otros partidos, exige un nivel de exigencia interna superior al que tenemos con los demás. No se trata de formular un principio, sino de convertirnos en verdadero ejemplo para el resto. Movernos en estas coordenadas de coherencia nos hará recuperar credibilidad y contribuiremos a reforzar la democracia, socavada por el abuso que unos pocos hacen de la confianza que se les otorga.

¿Hasta dónde alcanza nuestro compromiso contra la corrupción? Hasta que no hagamos coincidir nuestra posición con la del más exigente de los ciudadanos tendremos que seguir aprendiendo. Pero seguro que, como en tantas cosas, seremos la avanzadilla de las fuerzas políticas en esta causa.

lunes, 19 de marzo de 2018

El gobierno socialista de Portugal sube pensiones, salarios y reduce el déficit

Imagen de la agencia Reuters

La ciudadanía ha vuelto a dar una lección en las calles a M. Rajoy este sábado. Ha vuelto a exigirle pensiones dignas en un sistema que sea público y sostenible. Porque sí, aunque el PP pretenda ignorarlo, las pensiones son un derecho fundamental de los trabajadores y trabajadoras  y no una concesión del Estado, o un privilegio ligado al negocio privado que no todas las personas puedan permitirse. El Gobierno dice a los pensionistas que esta situación es la que podemos permitirnos y que solo la evolución económica podrá sostener nuestro sistema público. La realidad es que el modelo del PP está repleto de desigualdad, de trabajadores pobres y, sobre todo, de ansia en que el negocio privado complemente la mermada prestación pública. Y entonces ¿cuándo va a traducirse en bienestar  el crecimiento económico?

Tras más de seis años de durísimos y crueles recortes sociales, España sigue siendo el único país de la UE que permanece dentro de la lista negra por tener un déficit excesivo. Nuestra deuda pública aún roza el 100% del PIB, después de que Rajoy la haya elevado durante su mandato en casi treinta puntos ¿De qué nos está sirviendo entonces caminar por la senda de la mal llamada austeridad?

Hoy nuestro país cuenta con desequilibrios sociales inadmisibles, una tasa de paro aún insoportable –sobre todo en los más jóvenes- y una precariedad laboral que condena a la miseria a trabajadores  y amenaza a pensionistas y futuros pensionistas. ¿Es posible en esta situación acompasar el crecimiento económico con el aumento de salarios y pensiones, reduciendo el déficit, disminuyendo la tasa de paro y manteniendo la competitividad? SÍ. Las y los socialistas llevamos muchos años diciendo que, para todo eso, es imprescindible abandonar el austericidio.

A raíz de la situación, sobre todo, de Grecia, la crisis de deuda soberana del último lustro estranguló a las economías de todos los países del sur de Europa –también la de  España, que experimentó un rescate blando (financiero) en junio de 2012 aunque Rajoy lo negase y se fuese a ver la Eurocopa- y puso contra las cuerdas a toda la zona Euro. Países gobernados por derecha e izquierda han sufrido la misma crisis y sus mismas consecuencias, pero podemos observar que las respuestas fueron bien distintas cuando han dependido de decisiones ejecutadas de manera autóctona. 

Las recetas impuestas desde Europa a los países altamente endeudados fuero recortes y políticas restrictivas que  machacaron a la sociedad hasta arrastrarla hacia mayores cotas de desigualdad y pobreza. La decisión en el campo de lo productivo se puede resumir en una profunda devaluación interna para abaratar los costes de producción en los países afectados y hacerlos así más competitivos con economías externas a la zona euro. Creo que sería justo que hoy se revisase quién ha ganado más con esta decisión: si los países del sur de Europa o el resto. 

El gobierno conservador de nuestro vecino Portugal aplicó a rajatabla las recetas de la Troika a cambio del rescate de 78.000 millones de euros: subidas de impuestos, despido de 30.000 empleados públicos, aumento de la jornada laboral de 35 a 40h, recortes en pensiones, durísimos ajustes en el gasto público, privatizaciones etc. Aún así, su prima de riesgo llegó a superar los 1.300 puntos, el paro superó el 17%- muchísimo para el país luso aunque la comparación con el terrible caso español lleve a pensar lo contrario-, su PIB llegó a retroceder hasta un 4% y la deuda pública se disparó hasta más del 130%.

Pero los portugueses retiraron la mayoría al conservador Pedro Passos Coelho y el Partido Socialista de Antonio Costa formó gobierno en 2015. Desde entonces, políticas más expansivas de gasto dejaron atrás a la austeridad para los más pobres con un objetivo claro: recuperar económicamente al país estimulando la demanda interna, sin dejar atrás a su ciudadanía. Costa ha apostado por la reducción de impuestos a las rentas más bajas y subidas a las altas, el incremento del salario mínimo y de las retribuciones a los empleados públicos, el aumento de las pensiones y las extensión de coberturas sociales como los libros gratuitos de texto o el bono social con el que los menos favorecidos pueden hacer frente a gastos de luz o gas. ¿Cuál es el resultado? Su economía crece un 2,7% -el mayor crecimiento del siglo-, el paro se ha reducido del 17 al 8% y el déficit público se sitúa en el 1,2%. Cierto que hay problemas de productividad en su mercado laboral que debe corregirse en los dos o tres próximos años y que una buena parte del empleo que se crea, como ocurre en toda Europa, es precario. Pero cualquier comparación con lo que sucede en la España de la recuperación de la que presume Rajoy nos hace sentir envidia. No es de extrañar que la derecha neoliberal española se divida entre los que niegan el milagro y quienes lo atribuyen al gobierno anterior. 

Portugal es el más claro ejemplo de cómo es posible dejar atrás la austeridad con políticas socialistas que recuperan poco a poco el bienestar perdido por la ciudadanía en estos años de crisis. Por cierto, la entrada en la crisis internacional en Portugal llegó con un gobierno de derechas, al contrario de lo que sucedió en España. Y sí, su caída fue mucho mayor y sus políticas de ajuste más severas, lo que llevó a Portugal a un hundimiento mayor que el que se vivió en España en el periodo 2007-2011. Y luego, en los siguientes cuatro años, aplicando las recetas de la Troika como hizo Rajoy en España, la situación no solo no mejoró sino todo lo contrario. Esto desmiente que Rajoy haya sido el responsable de la salida de la crisis en España, salvo que sus “benéficas medidas” hayan sido también las que han sacado a Portugal de la crisis internacional. Y aquí en España, podemos decir con orgullo que Castilla-La Mancha es otro modelo de cómo es posible alcanzar y sostener en el tiempo un crecimiento económico y social, con una gestión responsable que permite reducir el déficit.

Con un gobierno socialista, Portugal avanza y se convierte en el paradigma europeo de desarrollo económico y de reducción de la, aún hoy, importante brecha de desigualdad que ha generado la crisis internacional de 2007-2014. En cambio, España sigue sumergida en la precariedad, la desigualdad y sí, también en la pobreza porque 13 millones de españolas y españoles se encuentran en riesgo de pobreza en este momento. ¿Y qué está pasando en Grecia con el gobierno de Syriza tan aplaudido y venerado en Podemos? Su economía mejora pero el Gobierno de Tsipras sigue recortando, reduciendo salarios y pensiones, y aprobando reformas laborales antisindicales que restringen el derecho a huelga de la clase trabajadora. Su tasa de paro sigue por encima del 20%. Seguro que en este caso toda la culpa será de Europa, a diferencia de lo que dijeron cuando en 2010 España se vio obligada a aplicar las medidas que Bruselas estableció para combatir la crisis del euro.

Los y las socialistas llevamos años reclamando a Rajoy un giro radical en su política económica para volver a situar a la ciudadanía como máxima prioridad. Mirando a Portugal, a las recetas que aplica su gobierno desde 2015 con las que están transformando el país, podemos comprobar que es posible crecer económicamente, elevar salarios y dignificar las condiciones de la clase trabajadora. De hecho, es un paso imprescindible para que las pensiones del futuro sean dignas. Y para el presente, el PSOE reclama su revalorización inmediata vinculada al IPC y la creación de dos impuestos que podrían o no ser finalistas, pero que sin duda alguna re-equilibran los esfuerzos de salida de la crisis en un país que crece de manera obscena en desigualdad como casi ninguno en la OCDE: un tributo a las transacciones financieras especulativas y otro a la banca. No son la exclusiva solución a los problemas de sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones, pero introduce aportaciones extra y reparte los esfuerzos de manera más justa y eficaz. Y nada de esto es incompatible con la contención del déficit y la reducción de la deuda. Ya, ya sabemos que, ni Rajoy ni Ciudadanos tienen esta hoja de ruta. Para la derecha la salida de la crisis ha de venir acompañada de un agravamiento de la desigualdad, al servicio de la minoría más pudiente de nuestro país. ¿Y las pensiones? Lo que nos dicen azules y naranjas es que las pensiones van a poder actualizarse y garantizarse con las aportaciones del precariado, cuando sus ingresos actuales no alcanzan ni siquiera para que puedan vivir dignamente ellos. Ni siquiera nos piden que lo comprendamos. Solo que tengamos fe.

miércoles, 14 de febrero de 2018

¿Qué pasa con las farolas de la A2?

Cuando vienes por la noche desde Madrid a Azuqueca o Guadalajara, el Gobierno de Rajoy llena tu vida de sorpresas. Si vienes en tren, la mayoría de los Cercanías se retrasan o se paran de manera injustificada. El servicio cada día es más caro y peor. Más cutre, vamos, como la mayoría de cosas que toca el Gobierno de Rajoy. Si vuelves en coche la sorpresa es que cuando entras en el término de Azuqueca de Henares, en Castilla-La Mancha, te encuentras todas las farolas de la nacional apagadas. Llevo meses persiguiendo esta presa. Hoy lo vuelvo a hacer. Sencillamente porque no me creo lo que me dicen, así que voy a freírles a peticiones de datos y, si es necesario, a contrastar cada cosa me contesten (tarde, mal y nunca, como acostumbra este gobierno) hasta tener la garantía que no nos están estafando y discriminando a los ciudadanos de la provincia de Guadalajara respeto de la Comunidad de Madrid. ¿De verdad se cree el gobierno de España que hay mucho más tráfico entre el puente del Centro Comercial La Dehesa y el puente de Meco- Los Santos de la Humosa que entre ese punto y el de Azuqueca Puerto Seco-Chiloeches?

En fin, seguimos defendiendo a nuestra provincia mientras otros, como el alcalde de Guadalajara, mantiene un silencio cómplice con todo lo que tiene que ver con Rajoy.