viernes, 6 de abril de 2018

Supervisión y rendición de cuentas

Imagen de ElDiario.es

A colación de las declaraciones de Cifuentes de ayer me estoy formulando algunos interrogantes. Cifuentes afirma ser víctima de una campaña orquestada contra ella por haber combatido de manera decidida la corrupción en su partido. Así que me he puesto a buscar sus supuestas hazañas para batallar la corrupción y lo más que he encontrado se limita a su exigencia de cese a algunos diputados que se han visto envueltos en algunos de los muy numerosos casos que han cubierto de podredumbre al PP en España y en la Comunidad Madrid. Ni una sola vez, repito, ni una sola, Cifuentes ha denunciado a ningún compañero de motu propio. Y eso que casi la mitad de su grupo parlamentario ha estado implicado en algún escándalo. Sí lo ha hecho, denunciar públicamente, con la oposición, aunque con poco fundamento y de manera bastante gratuita. Pero hacia dentro se ha limitado a actuar cuando se ha hecho pública la implicación de algún miembro de su partido en algún caso. Y punto. 

Cifuentes ha sido, en pasado porque Cifuentes es ya pasado, durante muchos años una destacada dirigente institucional y orgánica del PP en Madrid. Resulta del todo imposible que nunca le llegara el más mínimo eco de la abundante corrupción que ha devastado nuestro país y la región de Madrid, y que se ha generado en un entorno tan próximo a la hoy presidenta. No hablo de concejales de pueblecitos, sino de máximos dirigentes del PP a nivel nacional y de la Comunidad de Madrid. Cifuentes se enteraba, claro, al menos de algunas de las múltiples fechorías que se produjeron, porque no es creíble que fuese tan torpe de conocerlas justo a la vez que el resto de ciudadanos.

Así que para Cifuentes luchar contra la corrupción no consiste en actuar cuando ella la detecta o cuando hay serios indicios de la misma,  sino cuando pasa a ser conocida por la opinión pública. Incluso bajo este generoso prisma, el que ella ha aplicado hasta la fecha, Cifuentes no puede sino dimitir, y hacerlo de manera inmediata. Porque ya ha quedado acreditado que, cuanto menos, tuvo un abusivo trato de favor de la Universidad Rey Juan Carlos durante el famoso máster. Y salvo milagro en pocos días se demostrará que no se trata de un mero abultamiento del currículum, sino de un fraude en toda regla. Vamos, de un delito. Y no, no es lo mismo exagerar tu expediente que falsificarlo, como no es lo mismo decir que has matado a alguien que matarlo efectivamente. Un cosa es mentir, que está muy mal, otra mucho peor es falsificar documentos públicos, que es delinquir.

Pero hoy, más allá de la indignación con la cara dura de Cristina Cifuentes, quería llevar la reflexión al ámbito de la labor de los partidos políticos en la depuración de responsabilidades y en la lucha real contra la corrupción. Porque: ¿es realmente posible que los partidos políticos sean los últimos en enterarse de lo que hacen sus dirigentes? La respuesta es, evidentemente, no. Puede ser que alguna vez no se detecte algún comportamiento inadecuado. Es factible que los implicados desarrollen sistemas de ocultamiento y disimulo que dificulten la labor de inspección o supervisión. La contumacia en negar las explicaciones requeridas puede ser infinita. En cualquier caso esto no exonera de responsabilidad al partido, pues existen hoy mecanismos para actuar de manera fulminante contra quienes se niegan en dar explicaciones de sus actos y rendir cuentas para facilitar que el compromiso contra la corrupción de las fuerzas políticas no sea un brindis al sol sino un ejercicio eficaz que traslade confianza a la ciudadanía. Solo hace falta actuar. Así de sencillo: quien no esté dispuesto a rendir cuentas, quien oculte o impida valorar si su comportamiento se ajusta a los parámetros éticos que nos hemos dado, tendrá que asumir que debe dejar de formar parte de nuestra organización.

Yo pertenezco a una formación política que ha hecho de la lucha contra la corrupción una seña de identidad. Hemos llegado a regular la rendición de cuentas de la siguiente manera: “Todos los cargos electos del PSOE, a todos los niveles, deberán rendir cuentas de modo obligatorio, sancionable y periódico (como mínimo anualmente) de su gestión a los ciudadanos, mediante la apertura de procesos públicos y participativos. La rendición de cuentas debe venir acompañada de la máxima transparencia, del respeto a un código ético estricto y de la verificación del cumplimiento de los compromisos electorales contraídos. También los cargos orgánicos deberán rendir cuentas de manera periódica de sus actuaciones, incluidos los miembros del Comité Federal ante quienes les han elegido en las federaciones.” En el próximo mes haré actos públicos en las sedes del PSOE abiertas a la ciudadanía para cumplir con este precepto. ¿Pero es esto suficiente, o solo es condición previa?

Creo que tenemos que ir más allá. Si no somos ejemplarizantes, ¿por qué van a confiar en nosotros/as nuestros ciudadanos/as? Combatir la corrupción no consiste en denunciarla en otros partidos, ni siquiera puede limitarse a actuar cuando se hace pública en nuestras filas, consiste en implementar un sistema de control previo, supervisión, fiscalización posterior y ejecución de las sanciones de manera acorde con la realidad descubierta o detectada. Luchar contra la corrupción no es lo mismo que decir luchar contra la corrupción que es lo que hacen otros partidos, exige un nivel de exigencia interna superior al que tenemos con los demás. No se trata de formular un principio, sino de convertirnos en verdadero ejemplo para el resto. Movernos en estas coordenadas de coherencia nos hará recuperar credibilidad y contribuiremos a reforzar la democracia, socavada por el abuso que unos pocos hacen de la confianza que se les otorga.

¿Hasta dónde alcanza nuestro compromiso contra la corrupción? Hasta que no hagamos coincidir nuestra posición con la del más exigente de los ciudadanos tendremos que seguir aprendiendo. Pero seguro que, como en tantas cosas, seremos la avanzadilla de las fuerzas políticas en esta causa.